ASICMA - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN - duplicate

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales le dedica por completo su artículo 19, en cuyo primer párrafo establece que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. Se evidencia, por lo tanto, que es un deber empresarial, corroborado por Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que configura como falta grave (artículo 12.8) por incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables

Para responder a dicha cuestión, debemos analizar el artículo 29 LPRL que establece que los trabajadores deberán cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Entendemos que esta cooperación alcanza a la adquisición de conocimientos que permitan al empleado desarrollar sus tareas con seguridad, comportando el correlativo deber de formarse sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas a adoptar en cada momento.
Por lo tanto, la formación no solo es un derecho, sino también un deber de los trabajadores, y su negativa injustificada, supondría un incumplimiento laboral, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 29 de la misma Ley.

El art. 16 de la LPRL y 23.1 a) exigen que las empresas elaboren un plan de prevención de riesgos laborales que deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta.

El Plan de Formación es imprescindible como vía para integrar el interés por la prevención y propiciar la adquisición de una serie de conocimientos que contribuyan a eliminar o reducir la siniestralidad laboral, además de crear una cultura preventiva.

Debe recordarse que para que las empresas lleven a cabo el correcto cumplimiento del deber de protección del trabajador, se requieren dos presupuestos imprescindibles; en primer lugar, la necesaria información sobre los riesgos a los que el trabajador está expuesto y, en segundo lugar, la adecuada formación, para que éste conozca los medios de protección que tiene a su disposición y las condiciones en las que estos medios deben ser utilizados.

El legislador (art. 19.2 LPRL) permite que la formación se imparta: por la empresa (que no precisa acreditación) y en la empresa (entendida ésta en sentido amplio: centro de trabajo, lugar de trabajo u otras dependencias empresariales) o concertándola con servicios ajenos, (mutuas, entidades formativas concertadas, centros de enseñanza, etc.)

En relación con la pregunta anterior, sólo podrá hacerla con servicios de protección ajenos puesto que son los únicos autorizados para llevar a cabo actividades preventivas. Este tipo de formación no puede ser impartida por profesionales independientes, ni empresas que carezcan de autorización para actuar como servicios de protección ajenos.

Efectivamente, no se exige la obligación de certificar o acreditar la formación específica del art 19. Si bien, el empresario deberá estar en condiciones de justificar que ha cumplido su obligación de garantizar que los trabajadores la hayan recibido.

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1995, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
• Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley.

Para la integración en el sistema productivo e instauración de una política de sensibilización en materia de prevención es imprescindible que la formación abarque a todo el personal de la empresa.

A la hora de diseñar el contenido del programa formativo en prevención, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (RD 39/1997, 17 de enero) que desarrolla la Ley, concretamente en el Anexo III, el cual establece los criterios a seguir para el establecimiento de proyectos y programas formativos, distinguiendo el contenido de los mismos en función del nivel al que se quiera formar a los trabajadores

La formación en prevención de riesgos laborales ha de poseer doble contenido, teórico y práctico, centrado específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. El módulo teórico deberá acomodarse a cada trabajador, considerando sus características personales o las de su equipo de trabajo, el nivel jerárquico en el cual se encuentra encuadrado (mandos superiores, intermedios o a nivel de base) y la especialidad de su trabajo o cualificación técnica. Y la formación práctica consiste en el adiestramiento o demostración material de cómo se hace el trabajo de manera segura, de tal forma que resulte inseparable seguridad y trabajo.

Se recomienda, planificar una actuación continuada en el tiempo de actualización, de acuerdo con las condiciones de trabajo reales en cada momento de forma que conduzcan a prevenir cualquier tipo de daño laboral, conseguir el mejor nivel de salud y también sensibilizar para que tal formación se integre en el conjunto de las actividades y decisiones de la organización aunque vayan modificándose, añadiéndose o eliminándose.

En consonancia con la generalidad de las interpretaciones del art. 19.1 LPRL, si los trabajadores ya poseen esta formación bien porque la empresa se la ha impartido antes de la incorporación o porque cuentan ya con ella con anterioridad, es claro que la formación no deberá ser repetida, pues hacerlo así no tendrá ningún objeto y lo que potenciaría es el mero cumplimiento formal de una obligación en vez de constituir una garantía de que los trabajadores poseen una formación necesaria para el desempeño de su trabajo en condiciones de salud y seguridad.
Todo ello, lógicamente, dejando a salvo la posible necesidad de repetir la formación por los motivos que establece la propia ley.

La formación preventiva del trabajador variara en función de la complejidad y peligrosidad del puesto a desarrollar, así como de la cualificación y características personales y profesionales, de aquel que la recibe debiendo ser apropiada y adaptada a su 0persona y en tiempo suficiente para su entendimiento y comprensión, debiendo incluirse la instrucción necesaria en medidas de emergencia previstas en el art.20 de la LPRL, formación en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

Deberemos recordar que de conformidad con el apartados 2 artículo 19 de la Ley de Prevención, deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Es decir, el tiempo invertido en formación se considera como tiempo de trabajo.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 19 de la Ley de Prevención, el coste de la formación en materia de prevención no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. Por lo tanto, no deberá suponer ningún gasto para el trabajador, ni siquiera los derivados del desplazamiento en caso de impartirse la formación fuera de las instalaciones de la empresa.

Este sistema consiste, básicamente, en que las empresas, por haber cotizado en concepto de formación profesional a la Seguridad Social, generan un crédito a su favor frente a la Administración para financiar las acciones formativas o cursos que consideren oportunos para sus empleados. El crédito de formación de cada empresa es ANUAL, de manera que, si no se consume durante el año, se pierde.

Conforme al art. 33.1 e) la empresa deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación para la adopción de las decisiones relativas a la formación en materia preventiva.

En cuanto a la formación continua en materia de prevención, que factores se tienen en cuenta para actualizar la información y formación impartida a los trabajadores:

El artículo 37.2 de la LPRL establece que el empresario debe proporcionar a los delegados de prevención la formación que resulte necesaria para el establecimiento de sus funciones, pero no precisa el contenido y duración de la misma que será fijado por el Convenio Colectivo que resulte de aplicación

Las ventajas de la educación virtual, aprendizaje online u otros similares procesos formativos apoyados total o parcialmente a través de las TIC y entornos online, es poder adaptar el estudio a un horario personal, puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de trabajar off-line. Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios didácticos tradicionales. En contra tiene que la pasividad del sujeto frente a este medio, pues se percibe como un "medio fácil", inexistencia de estructura pedagógica en la información, posibles problemas técnicos y altos costos de mantenimiento.

Es aquella que permite una interacción más “cercana”, por así decirlo, entre el instructor y lo alumnos; pero, condiciona la participación de algunos estudiantes, y no ofrece una flexibilidad de horarios ni una actualización de contenidos de la misma manera que las modalidades que emplean la tecnología e-learning.

La evaluación permite asegurar la calidad, efectividad y eficacia de la formación. Es aconsejable que se evalúe al trabajador tras recibir la información y formación, ya que te permite medir el conocimiento adquirido y refleja la efectividad del proceso educativo.

Es aconsejable disponer de una metodología general en materia de prevención para todas las nuevas incorporaciones, como por ejemplo: Toda persona que se incorpore a la empresa y en un periodo máximo de X días, después de su incorporación, recibirá una formación inicial en materia preventiva que contendrá los siguientes aspectos:
• Política preventiva, Manual General de Prevención y procedimientos de actuación.
• Normas generales de prevención en la empresa.
• Plan de emergencia.
Esta formación suele estar integrada dentro de la formación general de acogida de la empresa y es independiente de la formación específica del puesto que también deberá recibir.

Es positivo llevar un registro actualizado del nivel de formación de cada trabajador.

RD 171/2004 de 30 de enero, desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales.

Las disposiciones establecidas en este real decreto tienen el carácter de normas mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en los supuestos de coordinación de actividades empresariales.

Cada empresa debe tener la modalidad organizativa de la actividad preventiva que proceda. Esta obligación, que es individual para cada empresa, no es transferible de una empresa a otra la empresa concurrente en el mismo centro de trabajo. Además ambas tienen el deber de cooperación, este implica que tendrán que informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. Art 4. RD 171/2004

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia.

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.

El titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en sus centros de trabajo reciban la información e instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. Art 24 LPRL

Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 LPRL.

Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La coordinación de actividades empresariales se establece en al art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con carácter general para todo tipo de actividades empresariales en las que concurra más de una empresa.

De otra parte, en el ámbito del R.D. 1627/97 se establecen las figuras y funciones del Coordinador en Seguridad y Salud, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución, para las obras que así lo requieran.

Sin perjuicio de la obligación legal que tenga cada empresa de constituir Comité de Seguridad y Salud, en aquellas obras de especial envergadura que así lo aconsejen, se podría acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud, o en su defecto, de los Delegados de Prevención y representantes de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Tienen los siguientes deberes:
✓ Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y cooperación en la aplicación de la misma.
✓ Tener en cuenta la información recibida en el plan de seguridad y salud.
✓ Cumplir con las instrucciones recibidas del coordinador de seguridad y salud de la obra y del contratista.
Además, deberá recibir del contratista el plan de seguridad y salud en el trabajo de su parte de la obra.